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FUNDACIÓN CASER
El estudio de Quezada y Huete (2018) demuestra que “prácticamente un millón de personas
con discapacidad reside en el Medio Rural (…) y es una población más envejecida que en el
medio urbano, y con una mayoría de mujeres” (Quezada y Huete, 2018, p.45).
La situación de las personas mayores es una situación compleja, porque la pirámide pobla-
cional se transforma y se invierte. En esta inversión, la discapacidad asociada a la edad se
está problematizando como uno de los grandes asuntos públicos de nuestra era (Abellán, et
al., 2011). Sin embargo, las políticas que se diseñan se encaminan a atender las situaciones
de dependencia en el ámbito funcional. Pero no, a cubrir la discriminación por discapacidad
de esta población. En general, la situación de discriminación de las personas mayores puede
ser caracterizada como: “la desvalorización, es decir, la construcción de un estereotipo social
arbitrario e injusto (…), los adultos mayores están caracterizados por los atributos negativos de
la improductividad, la ineficiencia, la enfermedad y la decadencia general” (Ruvalcaba, 2005).
Estos atributos de discriminación en las personas mayores pueden ser identificados también
para el caso de las personas con discapacidad. Es por esto, por lo que barranco-Avilés y bariffi
(2010) han desarrollado un trabajo de investigación sobre la potencialidad de la aplicación de la
CiDPD para las personas mayores. Las conclusiones de este trabajo afirman:
“de un modo directo la Convención resulta aplicable a la situación jurídica de las personas
mayores cuando estas, al mismo tiempo, tienen una discapacidad, pero, de un modo indi-
recto, también la Convención puede servir de guía para contribuir a la regulación de un ins-
trumento jurídico que aborde (…) los derechos de las personas mayores” (barranco-Aviles
y bariffi, 2010, p.13).
El movimiento asociativo de la discapacidad, a través del CERMi, promovió un estudio rea-
lizado por Jiménez-Lara y Huete-García (2003) sobre la discriminación por motivos de disca-
pacidad, a partir de las respuestas recibidas al cuestionario sobre Discriminación por motivos
de Discapacidad del año 2002. En este estudio, se mostraba que “existe un tipo de discrimi-
nación basada en el rechazo, el miedo y el desconocimiento, que está presente prácticamente
en todas las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad” (Jiménez-Lara y
Huete-García, 2002, p.81).
El Observatorio Estatal de la Discapacidad -en adelante, OED-, en 2017, publicó un estudio
realizado por Jiménez-Lara sobre discriminación múltiple en las personas con discapacidad.
En este informe se evidenciaba que cuando se asocia discapacidad y edad, la pobreza o la
exclusión social se agrava significativamente en los grupos de edad intermedios y que los
bajos niveles educativos influyen de forma significativa en el riesgo de pobreza (Jiménez-Lara,
2017). Respecto del hábitat, la proporción de personas en situación de riesgo y pobreza es más
elevada cuando menos densamente poblada está la zona de residencia (Jiménez-Lara, 2017).
Específicamente, la discriminación percibida por las personas con discapacidad a través de
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