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FUNDACIÓN CASER

fenómeno de la pobreza surge por la desestructuración del mercado de trabajo y la extensión
de relaciones laborales “atípicas” o precarias, la crisis de las familias tradicionales, el fuerte
incremento de la cifra de hogares monoparentales y la reestructuración del Estado de bienestar
con el consiguiente recorte de prestaciones (butterwegge, 2012). Las políticas sociales retoman
un paradigma que parecía olvidado: ligar los riesgos de acceso al mercado de trabajo a la vida
laboral individual (brinkmann et al., 2006). La transición de un Estado redistributivo a un Estado
investivo supone un cambio en las políticas sociales y laborales.

Los niños pasan a ser elemento central de una estrategia económica que intenta afrontar
el cambio demográfico y la globalización de la sociedad de conocimiento (Olk y Hübenthal,
2011; Neuberger, 2016). La atención infantil integrada en un modelo de crecimiento económico
neoliberal, traslada a la edad temprana el inicio de un ciclo en que el individuo desarrolla
estrategias personales e individuales para mejorar su poder de negociación sobre todo a través
de la formación (García y Rendueles, 2017). En este modelo el Estado se limita a la “adaptación
al mercado y la gobernanza de la desigualdad” (García y Rendueles, 2017: 254) sin llegar a
cuestionar o combatir los motivos estructurales que generan las desigualdades.

una de las críticas que ha suscitado esta reformulación de las políticas sociales, insiste en
el riesgo de que una financiación masiva de este servicio que podría profundizar aún más
las desigualdades sociales ya que podría darse la paradoja de que restaría fondos a políticas
específicas dirigidas a personas con pocos ingresos (Cantillon, 2012). Dingeldey (2015) advierte
que las políticas familiares alemanas centradas en la ampliación de la educación preescolar
se inscriben en el marco de las denominadas políticas de activación. También en Alemania el
incremento del gasto público en educación se ha hecho notar sobre todo en las clases medias.
Dado que ha ido acompañado de considerables reducciones de otras prestaciones sociales
y de una creciente precarización y desestructuración del mercado de trabajo, para muchos
hogares la incorporación de la mujer al mercado laboral es el último resorte para conseguir
generar suficientes ingresos (Dingeldey, 2015).

Por otra parte, la educación infantil ha sido identificada como un instrumento para paliar
la segregación educativa que resulta de un sistema altamente discriminatorio, en el que las
decisiones de los padres resultan decisivas para decidir el itinerario educativo de sus hijos y en
el que el origen social decide más que en la mayoría de los países de su entorno sobre el nivel
de formación de los hijos (bothfeld y Steffen, 2018).

El Ministerio para Familias califica la educación infantil como uno de los instrumentos centrales
para combatir el riesgo de pobreza, garantizando el empleo de los padres. “Un requisito
primordial para facilitar una actividad laboral de ambos padres adecuada para garantizar ingresos
suficientes es la atención de los hijos.” (bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, 2017: 8).

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