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FUNDACIÓN CASER





            de fondos públicos del Estado para mejorar el bienestar de la población, que se mide como
            porcentaje del Pib.


              Si hacemos una valoración general debemos destacar que el Estado de bienestar se ha
            debilitado en España en mayor grado que en los países de la unión Europea, que tienen unos
            niveles de gasto social de casi siete puntos de Pib más que España (Sanz, 2008). Si nos cen-
            tramos en la educación como pilar fundamental del Estado de bienestar y objeto de nuestro
            trabajo, esta representa un gasto público de los más bajos de la unión Europea según señalan
            diversas fuentes entre otras, el informe de la Comisión Europea (2018 y 2019) en los que se
            afirman que los avances menos destacados han sido en políticas sociales, especialmente a
            lo que se refiere a educación. Y de la misma forma apuntan, que el gasto en educación sigue
            siendo bajo a pesar de que en 2016 el gasto de las administraciones públicas en educación
            se incrementó ligeramente, hasta alcanzar el 9,5 % del gasto total, pero sigue por debajo de la
            media de la uE (10,2%) y del nivel máximo alcanzado en 2009 en porcentaje del Pib (4 % en
            2016 frente al 4,6% en 2009).


              Además, los gastos de las familias en educación aumentaron un 34% entre 2009 y 2016 (iNE,
            2017b). Esto puede ser problemático para las familias con renta baja, especialmente teniendo
            en cuenta el bajo nivel general de ayuda a la renta que perciben. Por otro lado, los desacuerdos
            políticos, incluidos los relativos al nivel de gasto, contribuyeron a la ruptura de las negociacio-
            nes sobre una amplia reforma de la educación que habían comenzado en 2016.

              Otra de las consecuencias de este panorama está referida a la división de la escuela privada
            y pública con la consecuente polarización social del sistema educativo, cuya falta de diversi-
            dad social empobrece no sólo a los estudiantes al no convivir con la diversidad de su entorno
            y adquiriendo por tanto unas habilidades y conocimientos poco representativos de la realidad
            social, sino que también supone un desarrollo social injusto y desigual (Navarro, 2004).


              Según un artículo publicado por el diario “El confidencial” el gasto en educación se encuen-
            tra en mínimos históricos desde 1998. De acuerdo al último anuario estadístico ministerial,
            con datos del curso 2016-2017, España dedicó un 4,22% del Producto interior bruto (Pib) a
            la educación en 2016, el porcentaje más bajo de la serie histórica. Asimismo, las diferencias
            del gasto público en materia educativa entre comunidades autónomas son de hasta un 63%
            siendo el País Vasco el que tiene mayor presupuesto y Madrid, la autonomía que menos gasta
            según publican diversos diarios (El confidencial, Agencia EFE, AbC, El País, Europa Press).
            Lo que supone desigualdad territorial y diferencias significativas en términos de igualdad de
            oportunidades y garantías del derecho a la educación, como uno de los pilares del Estado de
            bienestar de nuestro país.



              En definitiva, el mantenimiento del Estado de bienestar social, esto es, la conveniente





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